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El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, explicó que en al menos tres municipios del estado se han detectado convenios irregulares en la asignación de obra pública.
El funcionario dijo que las autoridades municipales han pactado la distribución de proyectos entre distintas constructoras de manera discrecional, lo que ha generado conflictos internos y divisiones en los cabildos.
«El presidente municipal acuerda con el síndico dividirse las obras: mitad para ti, mitad para mí y tú pones tu constructora. Se pelean y salen los trapitos al sol y generan un conflicto en donde se dividen los cabildos. Esto mismo ocurre en otros municipios», reveló Romero López.
Señaló que esta práctica no solo afecta la transparencia en la administración de recursos, sino que también provoca enfrentamientos dentro de las comunidades.
Uno de los casos más graves, ocurrió en San Cristóbal Amatlán, donde la disputa por la construcción de un camino rural financiado por el Gobierno Federal desató un conflicto. «La pelea no es por derechos políticos o humanos, sino por quién maneja el dinero de la obra pública», aseguró.
Romero López también alertó sobre la injerencia de asesores técnicos y constructoras en las administraciones municipales, lo que ha debilitado la gobernabilidad en diversos ayuntamientos.
Además, denunció que en al menos 30 municipios, los recursos están bajo el control de contadores y no de las autoridades electas, lo que ha complicado la distribución de fondos para las agencias municipales. «Nos han pedido que hablemos con los contadores para liberar recursos, pero nosotros no negociamos con intermediarios», enfatizó.
Ante esta problemática, el Gobierno del Estado trabaja en la erradicación de intermediarios económicos en los municipios y en la implementación de mecanismos para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. «Los intermediarios solo sangran a los municipios y provocan conflictos», señaló el secretario.
Finalmente, Romero López destacó que actualmente solo un palacio municipal permanece tomado en el estado, lo que representa un avance en la gobernabilidad respecto a administraciones anteriores. No obstante, reconoció que la corrupción en los municipios sigue siendo un desafío y reiteró el compromiso del gobierno estatal en la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.