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En el marco de los recientes incendios forestales que han afectado diversas regiones del estado, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Manuel Maza Sánchez, destacó la grave omisión de los municipios en el cumplimiento de sus responsabilidades según la Ley Estatal de Protección Civil. Durante su intervención, Maza recordó que los presidentes municipales son los principales responsables de incluir en el presupuesto anual un porcentaje destinado al fortalecimiento de la protección civil, específicamente el 3% de los ingresos municipales, tal como lo marca el artículo 41 de la ley.
El funcionario señaló que, a pesar de esta obligación, muchos municipios no destinan estos recursos, lo que pone en riesgo la seguridad de la población en caso de emergencias.
«En el caso de municipios como Cuilápam de Guerrero, con un presupuesto de 45 millones de pesos, deberían destinar al menos 1 millón 386 mil pesos para protección civil, mientras que Oaxaca de Juárez 179 millones 837 mil pesos el cual correspondería el 3%, como mínimo, 5 millones 395 mil pesos pero hasta ahora no se sabe de ninguna inversión en este sentido«, mencionó Maza.
Recalcó que la ley establece que los consejos municipales de protección civil deben ser instalados a más tardar en enero de cada año, una obligación que ha sido ignorada por varias autoridades.
Destacó que muchos de los responsables de la protección civil a nivel municipal ni siquiera tienen conocimiento de estas obligaciones, lo que agrava la situación.
El funcionario también advirtió que, a pesar de los esfuerzos de capacitación y concientización por parte del gobierno estatal, los municipios siguen siendo omisos. «La omisión es también una responsabilidad, y no es justo que los ciudadanos tengan que enfrentar la falta de preparación de sus autoridades, quienes, al no cumplir con la ley, ponen en peligro a toda la comunidad», concluyó Maza.
Ante esta situación, el titular de Protección Civil hizo un llamado urgente a los presidentes municipales para que cumplan con sus obligaciones y destinen los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la población en situaciones de emergencia.