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En Oaxaca ya es delito obligar a las familias a abandonar sus tierras. El Congreso local aprobó el pasado 2 de septiembre la Ley para Prevenir, Atender y Reparar los Desplazamientos Forzados Internos, un marco legal que, por primera vez, reconoce esta práctica como crimen y establece sanciones de 10 a 18 años de prisión, con agravantes para servidores públicos que resulten responsables.
La coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández, confirmó que la norma surge tras un proceso de consulta con comunidades indígenas y afromexicanas, así como con víctimas y autoridades agrarias. También contó con la participación de tres agencias de la ONU: la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la ONU-DH.
De acuerdo con la funcionaria, la ley no solo castiga a quienes obliguen a familias a huir, sino también a quienes impidan su regreso. “Lo que buscamos es visibilizar el fenómeno y dejar de normalizarlo”, explicó.
En Oaxaca, la CADH tiene documentados 22 casos de desplazamiento forzado, muchos de ellos en la región triqui y con más de una década sin resolverse. Morales Hernández reconoció que el contexto es complejo, pero adelantó que existen esfuerzos para que las familias regresen a sus comunidades. Un ejemplo es el de Guadalupe Victoria, en Juquila Mixe, donde se construye un plan de retorno seguro tras el desplazamiento ocurrido en 2017.
Aunque la mayoría de los casos pertenecen a administraciones pasadas, este gobierno también enfrenta nuevos episodios. Uno de los más recientes ocurrió en la Mixteca, en Yutanduchi de Guerrero y Santiago Yosondúa, relacionados con conflictos agrarios que llevan años sin atención.
La funcionaria destacó que, a nivel internacional, el proceso de consulta y aprobación de la ley fue reconocido como buena práctica en un informe de ACNUR, lo que coloca a Oaxaca como referente en América Latina en la atención a víctimas de desplazamiento interno.
“Quienes generen violencia para que las familias no regresen tendrán que enfrentar procesos penales”, advirtió Morales Hernández.
