A 8 días de la toma del Centro de Salud Urbano Número 1, por un conflicto intersindical, el director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Cristián Ramírez Sánchez, explicó que no existe incumplimiento de la autoridad y por eso, hizo del conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y ante la Secretaría de Honestidad y Transparencia Gubernamental, la actitud del personal en paro.
En entrevista, el funcionario informó que este tema donde piden la destitución del químico Roselín Trejo López, se debe resolver ante la Comisión de Honor y Justicia de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA).
Desde el 18 de este mes, un grupo de trabajadores de esta secretaría adscritos al centro de salud, encabezados por la delegada sindical, Angelina Varay Calderón, la subdelegada Rosalinda Figueroa Venegas y los trabajadores Jaime Zárate Rodríguez y Felipe Vicente Sánchez, tomaron el espacio de atención médica, afectando a la población en sus consultas.
Y después de varios llamado al diálogo, e incluso, con compromisos no cumplidos siguen con la protesta acusando que la autoridad en materia de salud no resuelve lo que podría ser un berrinche sindical.
Ya que el abogado precisó que no existe ninguna denuncia penal ante instancias correspondientes ni evidencia objetiva sobre agresiones o actuaciones irregulares del químico Roselín Trejo a quien piden su remoción y salida del centro de salud por supuestas agresiones contra personas de la tercera edad.
“La parte patronal no está fallando en cuanto a sus obligaciones en cuanto a las condiciones generales de trabajo. La toma es complemente ilegal porque no existen elementos de incumplimiento para proceder de esta manera”, indicó.
Al señalar que ya urge la liberación del centro de salud para que siga atendiendo a la población usuaria, precisó que no existen elementos para que lo remuevan, a menos que exista una resolución de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato.
Los SSO ya habían convenido era requerir el trabajador a la Jurisdicción Sanitaria número 1, para no afectar los derechos del trabajador en mención, sin embargo, este grupo de inconformes, rechazó esta propuesta.
Ahora, pidió la intervención de otros organismos para sancionar la actitud de las y los trabajadores que tienen la toma ya que tampoco se trata de todo el personal.
“Jurídicamente, hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por el delito de coalición de servidores públicos, asimismo iniciaron el procedimiento para que se determine la responsabilidad administrativa de las personas en mención ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, esto también sin perjuicio de las cartas administrativas en las que pueda redundar en una rescisión laboral para estas personas que tienen tomado el centro de salud”.
Precisó que por un conflicto intersindical sigue este amague de afectar a terceras personas en el derecho elemental de recibir atención médica.