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La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno de Oaxaca ha revelado que la auditoría realizada a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Soapa) detectó irregularidades por un monto de 12,797,278.18 pesos, dentro del Programa Anual de Auditorías 2023.
En este sentido la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública Leticia Reyes López expuso que existen expedientes dentro de la dependencia que dan cuenta de auditorías previas a la entonces denominada SAPAO por los ejercicios fiscales de 2017 a 2021. Sin embargo, en la revisión del ejercicio 2023 se fiscalizó un total de 34,908,264.26 pesos, de los cuales se observaron inconsistencias por los más de 12 millones de pesos mencionados.
Ante esta situación, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha sido notificada para que determine las acciones legales correspondientes. Además, el expediente ha sido turnado a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación para determinar si existe alguna falta administrativa, según señaló Leticia Reyes López.
En paralelo, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASEO) incluyó en su Programa Anual de Auditorías 2023 la revisión de la cuenta pública 2022 de Soapa, y según informó, el organismo ya presentó su informe correspondiente.
El gobernador del estado ha instruido a la Secretaría de Honestidad a realizar revisiones no solo a dependencias y organismos estatales, sino también a despachos, proveedores y contratistas. Como parte de este esfuerzo, se está verificando el padrón de contratistas y la autenticidad de los domicilios fiscales, así como la maquinaria reportada en sus declaraciones. Además, se han establecido convenios con colegios de contadores e ingenieros para corroborar la autenticidad de los documentos presentados en licitaciones.
La titular de la dependencia dijo que en lo que respecta a la solventación de la cuenta pública, detalló que el proceso se encuentra en tres etapas. La primera no presentó observaciones; en la segunda se determinaron inconsistencias por 207 millones de pesos, cuya información ya ha sido entregada a la Auditoría Superior para su revisión. La tercera etapa, donde se han observado 437 millones de pesos, aún no ha sido requerida formalmente por la auditoría, aunque ya se ha solicitado a las dependencias involucradas la documentación complementaria.
El gobierno estatal enfatizó que el seguimiento a estos procedimientos es una prioridad, especialmente para la solventación de montos pendientes de administraciones pasadas, incluyendo los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat, cuyos montos aún están en proceso de revisión y solventación. En caso de que no se justifiquen, los casos podrían pasar a un Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).