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En un intento por frenar el descontrol y la proliferación de transporte irregular en Oaxaca, el gobierno estatal puso en marcha este viernes el Operativo Momox, una estrategia que busca poner orden en uno de los sectores más conflictivos y opacos del estado: el transporte público.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, reconoció que la operación llega tarde, pero aseguró que es un primer paso para acabar con décadas de omisiones y arreglos políticos que han permitido el crecimiento desmedido de unidades pirata. “No es una medida electoral ni de simulación. Vamos en serio. Vamos a saber cuántos están en la legalidad, cuántos no, y quiénes quieren regularizarse”, dijo.
La acción arranca en Juchitán de Zaragoza, pero contempla intervenir 46 municipios de las ocho regiones del estado, muchos de ellos marcados por conflictos entre grupos de transporte, bloqueos y denuncias por cobros ilegales, amenazas y uso de violencia.
Detrás del operativo está la Secretaría de Movilidad (Semovi), que anunció un censo estatal para contar las unidades que circulan sin concesión y definir cuántas podrían entrar en un proceso de regularización. La titular de la dependencia, Yesenia Nolasco Ramírez, detalló que no se otorgarán nuevas concesiones durante este año y que las reglas serán estrictas: quienes hayan participado en actos violentos, bloqueos o invasión de rutas podrían quedar fuera del padrón.
“El objetivo es claro: ordenar el caos. Saber quiénes operan legalmente y quiénes no, y bajo qué condiciones podrían regularizarse. Se acabaron los acuerdos por debajo de la mesa”, aseguró Nolasco.
Además del operativo, Semovi anunció que se amplía hasta el 30 de septiembre el plazo para el canje de placas vehiculares, ante la alta demanda y afectaciones por fenómenos naturales. Hasta ahora, se han concretado más de 190 mil cambios de placas, un avance del 45% del padrón vehicular en el estado.
El Consejo Estatal para el Ordenamiento del Transporte —integrado por Semovi, Gobernación, Seguridad Pública, Honestidad y Planeación— tendrá la tarea de validar las zonas donde se aplicará el operativo y vigilar que el proceso sea transparente, con supervisión ciudadana y trazabilidad digital.
Aunque el gobierno lo presenta como una medida histórica, el reto será frenar los intereses políticos y económicos que durante años han operado en el transporte público de Oaxaca sin control ni consecuencias.